Violencia del narcotráfico sacude a Costa Rica y profundiza la disputa política por la seguridad
Costa Rica enfrenta un fuerte aumento de la violencia asociada al narcotráfico, una situación que también ha profundizado el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Un reportaje publicado por The Wall Street Journal señala que los homicidios aumentaron un 50% desde 2020 y que la tasa de asesinatos del país ya se acerca a la de México.
La situación tiene especial impacto en Limón, una de las zonas más afectadas por la expansión de las organizaciones criminales. La provincia registra una tasa de homicidios que supera en más del doble al promedio nacional, según las autoridades citadas por el medio estadounidense. Los enfrentamientos entre grupos por el control del mercado local de drogas explican parte de este incremento.
El crecimiento del narcotráfico también encuentra relación con el papel de Costa Rica como punto de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. El reportaje señala que, desde 2020, el país se convirtió en el principal punto de transbordo de cocaína procedente de Sudamérica hacia esos mercados, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La apertura de la Terminal de Contenedores de Moín en 2019 aumentó las posibilidades para que las organizaciones criminales movilizaran cargamentos de droga a una escala mayor. El puerto manejó más de seis millones de toneladas de exportaciones durante el último año citado en el reportaje.
El avance de las estructuras criminales también golpea a las comunidades. Comerciantes de Limón han reducido sus actividades por temor a la violencia y cuerpos policiales municipales enfrentan limitaciones de recursos. El jefe de la Policía Municipal de Limón, Jeison Arce, señaló que su fuerza dispone de apenas tres vehículos para enfrentar a grupos con recursos económicos muy superiores.
La violencia también alcanzó a los cuerpos policiales. El reportaje relata el asesinato del oficial Gerson Rosales, de 28 años, quien murió durante una patrulla tras un ataque atribuido a integrantes de una banda local. Su muerte se convirtió en uno de los casos que alimentan el debate nacional sobre la respuesta contra el crimen organizado.
Ante este escenario, la presidente Laura Fernández ha endurecido su discurso contra el Poder Judicial y cuestionado qué personas detenidas por la Policía recuperen su libertad. Su administración también presentó iniciativas para aumentar las penas por delitos relacionados con el crimen.
La confrontación institucional aumentó después de que el Ministerio de Hacienda anunciara recortes por decenas de millones de dólares al presupuesto del Poder Judicial. Estos recursos abarcan instituciones como el Ministerio Público, los tribunales y el Organismo de Investigación Judicial, pieza clave en las investigaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El conflicto genera preocupación entre funcionarios judiciales y organizaciones internacionales. El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces calificó los recortes como una noticia preocupante, mientras representantes del Poder Judicial preparan una impugnación contra las reducciones presupuestarias.
El reportaje también recoge críticas de especialistas que cuestionan que una estrategia centrada en más cárceles y mayores condenas resuelva por sí sola el problema. Robert Muggah, del Instituto Igarapé, considera que las organizaciones criminales transnacionales ya tienen una presencia profunda en Costa Rica y advierte que construir más prisiones no resolverá el problema.
