Chaves apuesta por variar potestades de la Contraloría en plan de referendo
Una serie de reformas legales destinadas a variar las potestades de la Contraloría General de la República (CGR) y cambiar procedimientos de compra y arrendamientos por parte del Gobierno, integran la propuesta del presidente, Rodrigo Chaves, para convocar a un referendo.
La iniciativa la presentó el propio mandatario este miércoles ante la Secretaria del Directorio en la Asamblea Legislativa. También envió al esposo de la diputada Pilar Cisneros a entregar la misma solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Según expuso Chaves en conferencia de prensa, al proyecto de referendo lo llamó “Ley jaguar” y con él busca tener espacio para impulsar proyectos de infraestructura que hasta el momento han tropezado con la vigilancia que ejerce la CGR.
Negó que pretenda impulsar un debilitamiento de los controles administrativos y más bien calificó la reforma como un fortalecimiento de la entidad contralora, a cuyas resoluciones llamó «arbitrarias y descaradas».
Chaves detalló qué, de lograrse el cambio legal en los controles administrativos, por ejemplo, podrían avanzar planes como “Ciudad Gobierno” y la ampliación de la ruta 27.
El Presidente cuestionó el enfoque de endeudamiento de la Contraloría en la licitación de proyectos, mencionando a la contralora Marta Acosta y subrayó la importancia de explorar alternativas a la deuda pública para el desarrollo de infraestructura.
Finalmente el mandatario insinuó que la no aprobación del proyecto podría llevar a la «autodestrucción política» de quienes se le opongan.
Según la normativa vigente, para que el resultado del referéndum tenga efecto legal, es necesario que al menos el 30% de los votantes registrados en el padrón electoral participen en cuestiones de legislación ordinaria, y un mínimo del 40% en asuntos que necesitan mayoría absoluta para su aprobación legislativa.
