La Defensoría de los Habitantes solicitó a las Contralorías de Servicios del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular un informe detallado sobre cómo atienden las denuncias por estafas electrónicas.
La petición busca verificar la existencia de protocolos claros y accesibles para que los clientes afectados por fraudes digitales puedan recibir una atención eficiente.
A pesar de que el nuevo reglamento de SUGEF otorga seis meses a las entidades financieras para implementar mecanismos de atención al cliente, la Defensoría considera que la problemática viene de años atrás y ya genera consecuencias graves para los usuarios.
El oficio enviado también solicita evidencia sobre cómo se divulgan los protocolos existentes, si hay programas educativos en ciber higiene digital y qué medidas preventivas aplican las entidades para proteger las cuentas de sus clientes.
Finalmente, el ente defensor exigió que los bancos justifiquen cómo aplican el principio de responsabilidad objetiva durante el análisis de cada caso.
