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Defensoría y Fiscalía detectan posibles abusos, torturas y falta de atención médica en cárcel de alta contención

La Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía General, la Defensa Pública y jueces de Ejecución de la Pena detectaron posibles violaciones de derechos humanos, abusos de autoridad y actos de tortura durante una inspección en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, señaló que varias personas privadas de libertad denunciaron agresiones físicas por parte de un grupo específico de policías. 

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, indicó que un solo médico debe atender a una población de 1.020 personas y que, según los testimonios, ni siquiera se había presentado en el centro.

Los privados de libertad también denunciaron restricciones al acceso a la educación, oportunidades laborales y comunicación con el exterior.

Díaz afirmó que el Ministerio Público debe investigar cualquier denuncia de tortura o abuso de autoridad, independientemente de que las víctimas cumplan una condena. 

Por su parte, Cruickshank recordó a las autoridades penitenciarias que no pueden tomar represalias contra quienes colaboraron con la inspección. 

La Fiscalía indicó que profundizará las investigaciones para determinar si se cometieron delitos.

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