UNA alerta que recortes en educación ponen en riesgo el desarrollo y la seguridad del país
Especialistas reunidos en un foro de la Universidad Nacional (UNA) advirtieron que la reducción de la inversión pública en educación podría ampliar las brechas sociales, limitar la movilidad social y agravar los problemas de seguridad que enfrenta Costa Rica.
Durante la lección inaugural de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), el académico Rolando Rivera Alfaro y el diputado José María Villalta analizaron las consecuencias del desfinanciamiento del sistema educativo y señalaron que la inversión proyectada para 2026 alcanzaría el 5,04 % del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 8 % establecido en la Constitución Política.
Villalta afirmó que la disminución de los recursos para educación debilita la cohesión social y favorece el crecimiento de la criminalidad, al reducir las oportunidades para la población joven y los programas de prevención.
Además, expresó preocupación por las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y por el impacto que las restricciones presupuestarias tendrían en el desarrollo nacional.
El rector de la UNA, Jorge Herrera Murillo, defendió el papel de la educación pública como uno de los principales motores del desarrollo del país y sostuvo que las universidades públicas deben aportar investigación, análisis y propuestas para enfrentar los desafíos nacionales.
Por su parte, el investigador Rolando Rivera cuestionó una visión de la educación enfocada únicamente en las necesidades del mercado laboral y aseguró que esa perspectiva limita la formación integral de las personas y reduce la capacidad del sistema educativo para combatir la desigualdad y fortalecer la ciudadanía.
Los participantes coincidieron en que la educación costarricense enfrenta retos relacionados con el rezago en los aprendizajes, las brechas territoriales, la infraestructura, la formación docente, la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías, por lo que hicieron un llamado a impulsar políticas públicas de largo plazo y un acuerdo nacional que fortalezca la inversión educativa durante las próximas dos décadas.
