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Firman ley sobre derecho a la nacionalidad costarricense para población indígena transfronteriza

Por: María José Araya 

El presidente,Carlos Alvarado, y el ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto, firmaron el Decreto Ejecutivo No. 42814-MGP que reglamenta la Ley 9710 sobre la “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”.

Esta normativa, da una respuesta institucional a los pueblos indígenas cuyo territorio existió antes de la delimitación de las fronteras de Costa Rica.

Tal es el caso de la población ngäbe-buglé, cuya ubicación geográfica se establecía desde el Valle del General en Costa Rica hasta Chiriquí en Panamá. 

Debido a que no se reconocen sus derechos como nacionales o residentes, esta población no ha podido acceder a los derechos y facultades legales propias que cuenta cada residente del país.

El reglamento fue desarrollado entre distintas instituciones públicas como la Dirección General de Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.

La normativa establece entre otras disposiciones, que las personas indígenas transfronterizas deberán ser reconocidas como tales en su país de origen o por una asociación indígena debidamente inscrita y podrán ser regularizadas como residentes temporales o permanentes. Para este registro deberán presentar una serie de documentos y certificaciones ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

La vigencia del documento de acreditación migratoria de esta población se otorgará por un periodo de dos años, prorrogable por períodos iguales.

Además, esta normativa reforma el Decreto Ejecutivo No 37112 con relación al tratamiento a las personas indígenas extranjeras, quienes podrían optar por las categorías de residente temporal, residente permanente, trabajador temporal o estudiante, si cumplen con los requisitos establecidos.

La regularización de su situación migratoria y el reconocimiento institucional han sido una de las demandas planteadas recurrentemente por las personas indígenas transfronterizas.  

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