El estado de los puentes vehiculares y peatonales de la Red Vial Nacional pone en alerta a la Defensoria de los Habitantes, quien solicitó un informe del inventario completo y actualizado sobre el estado de estas estructuras, esto ante un eventual colapso y efecto directo sobre los bienes y servicios públicos.
De acuerdo con el ente defensor, esta infraestructura es considerada un derecho humano progresivo, por lo que el Estado tiene la obligación, tanto del desarrollo de nueva infraestructura vial, como el adoptar las medidas de inversión en su mantenimiento, conservación y buen estado de la ya existente.
Ante esto la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, mencionó que la institución hará eco al llamado del LANAMME y centrará la investigación desde la perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, desde la defensoría indican que es de interés abordar durante la investigación, los criterios que priorizan en la formulación presupuestaria para planificar, conservar, rehabilitar y sustituir los puentes de la Red Vial Nacional, con especial énfasis en los proyectos que serán cubiertos con los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tramita actualmente la Asamblea Legislativa por un monto 700 millones de dólares, entre los que se detallan 135 puentes.
La Defensoría de los Habitantes continuará con otras investigaciones, en las que se abordará el tema sobre la “gobernanza de infraestructuras”, como lo llama la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) abordando otros temas como la infraestructura vial cantonal y la infraestructura educativa.
