“Inseguridad y riesgo” si viaja en Busetas Heredianas, advierte el MOPT tras incendio de bus
Si usted viaja diariamente en la ruta de San José a Heredia por la pista, se expone a grandes “inseguridades y riesgos” debido al estado de las unidades, advirtió este miércoles el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras el incendio de un bus de la empresa Busetas Heredianas sucedido el martes en La Uruca.
De acuerdo con las autoridades, la preocupación viene desde hace varios años ya que la empresa opera con apenas 14 de las 48 unidades requeridas, utiliza autobuses con su vida útil vencida, rampas en mal estado, no cuentan con inspección técnica vehicular ni derechos de circulación y algunas de las placas pertenecen registralmente a otras unidades.
En el caso más reciente, la entidad comprobó que el autobús placa HB 2913 que se incendió este 21 de mayo, no contaba con Revisión Técnica Vehicular al día, requisito que por normativa técnica y legal, se debe aprobar cada seis meses.
Según las autoridades, este incidente puso en peligro no solo a los pasajeros del servicio de autobús, sino a los demás usuarios de carretera y comercios cercanos en la zona, pues la conflagración se dio frente a una estación gasolinera.
Desde el 14 de mayo del 2018, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó anular el permiso de operación de Busetas Heredianas tras comprobar denuncias sobre incumplimientos graves de las normas de trato a los adultos mayores.
En abril del 2023, las autoridades cancelaron el permiso de operación de la empresa y designaron a un nuevo operador para esta ruta, sin embargo, una serie de medidas cautelares, coadyuvancias y nulidades interpuestas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, mantienen a la empresa en operación.
Según el Consejo de Transporte Público (CTP), en los últimos meses enviaron una serie de escritos para que el Tribunal levante la medida cautelar provisionalísima y con ello pueda operar una empresa con el cumplimiento de las condiciones operativas necesarias para garantizar al usuario el servicio. Sin embargo, los jueces no se han pronunciado y el caso sigue estancado, con el consecuente peligro para los usuarios.
