Mayoría de ciberataques al país se hacen desde países que firmaron convenio usado por Gobierno para “prevenirlos”
La estadística siembre la duda sobre la reciente propuesta del Gobierno para prevenir ataques cibernéticos. Resulta que 7 de cada 10 de estas agresiones digitales provienen de un país firmante del Convenio de Budapest, mientras que esa nueva regulación promueve este acuerdo como una barrera para proteger al país de los ciberdelincuentes.
Según un decreto firmado en setiembre por la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, solo las empresas cuya casa matriz se ubique en países que hayan refrendado dicho convenio podrán ser proveedoras de equipos o software para las nuevas redes 5G que el país sacará a subasta.
La medida deja fuera de participación a firmas de origen chino, algunas proveedoras durante más de una década de los principales operadores de redes de telecomunicaciones en el país.
Un reporte de la firma especializada Soluciones Seguras divulgado en mayo de este año, reveló que las empresas de Costa Rica registran hasta 849 ataques digitales al día y de esos, un 74% los realzaron desde Estados Unidos, país promotor y firmante del Convenio de Budapest.
Al contrario, el estudio revela que solo un 4% de esas violaciones provenían de China, nación que no es parte del polémico acuerdo concebido en el 2001 como un mecanismo de coordinación contra el cibercrimen.
Para el experto en Telecomunicaciones y exviceministro del Micitt, Edwin Estrada, el que un país tenga ratificado el convenio de Budapest no le garantiza protección contra los ciberataques.
Otro punto que siembra duda sobre la idoneidad de usar el convenio de Budapest como barrera para la participación de proveedores en redes 5G, surge al revisar informaciones divulgadas internacionalmente sobre la participación de países firmantes en supuesto espionaje.
Por ejemplo, una investigación conjunta efectuada por prestigiosos medios de comunicación europeos reveló, a mediados del 2021, que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a líderes políticos de Alemania, como la entonces Canciller, Ángela Merkel.
Eso descalifica al Acuerdo de Budapest como arma para excluir naciones y empresas de participar en el desarrollo de infraestructura tecnológica, como lo impulsa el actual Gobierno, opina el abogado especializado en temas digitales, Adalid Medrano.
El polémico decreto promulgado por la ministra Bogantes está en la mira de la Asamblea Legislativa, en donde varios diputados promueven llamar a cuentas a la jerarca. También este martes se conoció que la Sala Constitucional estudia un par de recursos de amparo presentados contra la medida gubernamental por aparente discriminación.
