El Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió una investigación debido a la venta del Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella, la cual se dio por un monto de $3.5 millones, según trascendió durante el fin de semana.
El MEP afirmó que la interrupción de este servicio educativo tiene consecuencias graves para el cumplimiento de los objetivos curriculares de los estudiantes.
La cartera de educación fue más allá e incluso aseveró que la Fundación Conservatorio de Castella fue el ente encargado de informarles de la venta hasta el jueves 29 de febrero.
La Fundación Conservatorio de Castella interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Sala, la cual tenía como objetivo intentar anular el Decreto Ejecutivo que establece al Conservatorio Castella como institución oficial dependiente del Ministerio de Educación Pública.
El MEP también solicitó poner en su posesión los inmuebles en donde actualmente se presta ese servicio público educativo, a lo cual la respondió que, atender dicha solicitud, es jurídica y constitucionalmente inviable.
Por último, la Fundación tramitó un proceso contencioso administrativo, en el cual solicitó la posesión de los bienes muebles e inmuebles y el reintegro de la administración de la institución educativa Conservatorio de Castella y de las instalaciones del Teatro Castella, lo cual el Tribunal Contencioso declaró sin lugar.
