El Código Procesal Agrario asegura que la población indígena reciba traducción en su idioma durante los procesos judiciales, con el propósito de garantizar su derecho a la justicia.
El artículo 59 establece que, aunque el idioma oficial en los actos procesales es el español, todas las resoluciones y actuaciones deben traducirse al idioma indígena correspondiente cuando un indígena participe en el proceso.
El Poder Judicial costeará los honorarios de los intérpretes, quienes deberán dominar la lengua específica de la etnia involucrada. Además, en circuitos judiciales con comunidades indígenas, se implementarán servicios de traducción permanentes.
El juez agrario Carlos Picado Vargas destacó la importancia de esta medida.
El nuevo Código Procesal Agrario entrará a regir este viernes 28 de febrero, según informó el Poder Judicial.
