OIJ detuvo a dos funcionarios tras allanar oficinas de Municipalidad de Nandayure por denuncias sobre concesiones
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó este miércoles 4 de noviembre las oficinas de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y Tecnologías de la Información (TI) de la Municipalidad de Nandayure, como parte de una investigación originada por denuncias de la Auditoría Interna de ese gobierno local.
Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos funcionarios municipales de apellidos Ajú Altamirano, quien se desempeñaba como gestor de ZMT, y Venegas, inspector de ese mismo departamento.
La intervención ocurrió durante la mañana y tuvo como objetivo incautar información relacionada con diferentes trámites de concesiones en las playas de Nandayure. En el operativo participaron 12 agentes del OIJ y la diligencia estuvo a cargo de José Luis Sibaja, fiscal auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público de Santa Cruz.
Los allanamientos tienen como antecedente una advertencia que emitió la Auditoría Interna Municipal el 27 de febrero de 2025 por lo que calificó como un atraso exorbitante en la resolución de trámites de concesiones en la Zona Marítimo Terrestre.
El documento, compartido por el medio de comunicación Guana Noticias, alertó sobre la existencia de 373 gestiones pendientes de resolver en las playas Islita, Coyote, San Miguel, Corozalito y el sector costero sur de Islita.
De ese total, 211 correspondían a solicitudes de concesiones nuevas, 137 a prórrogas y 25 a archivos o cancelaciones. Además, la Auditoría señaló que el 85% de las solicitudes de concesiones nuevas tenía más de un año sin resolución y que algunas databan del año 2000.
La advertencia también señaló que la Municipalidad carecía de normativa y políticas internas para regular la gestión operativa y administrativa de estos trámites. Entre los riesgos identificados, mencionó posibles actos de fraude o corrupción, pérdida de ingresos municipales y eventuales demandas de personas afectadas por los atrasos.
La Auditoría Interna solicitó al Concejo Municipal, la Alcaldía y el Departamento de Zona Marítimo Terrestre establecer mecanismos de control y procedimientos para garantizar la correcta resolución de las concesiones.
