Una propuesta del Gobierno para derogar el Fondo Nacional de Avales y Garantías, creado por la Asamblea Legislativa para apoyar a las empresas con complicaciones de liquidez a causa de la pandemia, suma oponentes.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 23.253, se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, sin embargo, cada vez enfrenta mayor oposición por parte de diputados y empresarios.
El Poder Ejecutivo quiere que se derogue la ley que creó a ese fondo y cambiar el destino de los recursos para su financiamiento, el cual sería 270 millones de dólares de un crédito de 300 millones de dólares, girado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Costa Rica.
Según el Gobierno, el Fondo Nacional de Avales y Garantías perdió su sentido de oportunidad porque el país está en la post pandemia, y a raíz de esto, tiene la intención de utilizar los 270 millones de dólares del crédito internacional para apoyar la consolidación fiscal del país.
No obstante, los legisladores de tres agrupaciones políticas y representantes de tres cámaras empresariales que comparecieron en la Comisión de Asuntos Hacendarios contradicen ese argumento y mantienen que aún se necesita el Fondo Nacional de Avales y Garantías.
Los congresistas Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), difícilmente votarán a favor de la propuesta del Ejecutivo.
