La Sala Constitucional rechazó un conflicto de competencias presentado por el presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro interino de la Presidencia, Jorge Rodríguez contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), relacionado con las restricciones a la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso electoral rumbo a 2026.
Los magistrados concluyeron que el planteamiento del Poder Ejecutivo no cumplía con los requisitos necesarios para este tipo de proceso constitucional, ya que no existía una disputa real sobre el ejercicio de una competencia asignada por la Constitución Política.
El reclamo del Ejecutivo surgió tras resoluciones del TSE que ampliaron la prohibición contenida en el artículo 142 del Código Electoral a mensajes institucionales no pagados y difundidos a través de redes sociales. Según Casa Presidencial, esta interpretación afectaba el deber de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La Sala IV rechazó ese argumento y señaló que el artículo 11 de la Constitución no otorga una competencia específica al Poder Ejecutivo, sino que impone una obligación general de rendición de cuentas a toda la Administración Pública.
El tribunal también aclaró que las disposiciones del TSE no impiden al presidente ni a los ministros informar ante la Asamblea Legislativa ni ante otros órganos de control.
Las resoluciones, explicó la Sala, regulan únicamente la difusión institucional durante el período electoral, dentro de las atribuciones exclusivas del TSE para organizar y fiscalizar los comicios.
Con base en este análisis, los magistrados determinaron que la gestión del Ejecutivo reflejaba una inconformidad con la interpretación legal del TSE, asunto que no corresponde resolver mediante un conflicto de competencias constitucionales.
Por esa razón, la Sala Constitucional rechazó la solicitud sin entrar a conocer el fondo del caso.
