De un total de veinte candidaturas a la Presidencia de la República consultadas, sólo cuatro expresaron respaldo a una propuesta presentada por jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de recursos y defender lo cotizado durante la vida laboral.
La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional dio seguimiento a un documento enviado a los equipos de campaña luego del debate convocado en noviembre anterior por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.
Las candidaturas de Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo y Douglas Caamaño manifestaron apoyo expreso a la solicitud.
Desde el Frente Amplio, el candidato Ariel Robles señaló que, de llegar a la Presidencia, descongelaría las pensiones para restituir el ajuste anual por costo de vida, al considerar injusto profundizar afectaciones sobre personas pensionadas con limitaciones económicas.
El presidente de la Asociación, Miguel Sobrado afirmó que los jubilados del Régimen de Reparto no son pensionados de lujo.
En contraste, Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo y Boris Molina indicaron que no respaldarían la propuesta.
Un tercer grupo respondió sin adherirse ni rechazar el planteamiento: Claudio Alpízar, Fernando Zamora, José Aguilar, Luz Mary Alpízar, Walter Rubén Hernández, Marco Rodríguez, Eli Feinzaig y Laura Fernández.
Otras cinco candidaturas no enviaron respuesta: Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y David Hernández.
La consulta de la asociación solicitó a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos. El primero reconoce que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos cotizados y deben pagarse como compensación por recursos aportados por el Magisterio y utilizados por el Estado para otros fines.
El segundo condena el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones y el desvío histórico de aportes docentes. El tercero impulsa un proyecto de ley que declare inviolables estos fondos y tipifique como delito imprescriptible cualquier desvío, con sanciones penales.
Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio acumulan más de cinco años sin ajustes por inflación, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones.
