Posible “apagón” de radios y televisoras preocupa a CANARA pues pone en riesgo la libertad de expresión
La Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) mostró su preocupación ante un posible “apagón” de radios y televisoras, ya que asegura que un hecho de este tipo pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
Desde CANARA advirtieron que el responsable de esa vergonzosa eventualidad es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), cuyas autoridades políticas han incurrido en graves y reiteradas omisiones al definir la situación jurídica de las concesiones del espectro radioeléctrico.
El presidente de la Cámara, Gustavo Piedra, señaló que la población tiene un derecho fundamental de informarse a través de estos medios.
Cabe destacar que el plazo de 20 años establecido para las concesiones de uso de espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión abierta y gratuita empezará a caducar el próximo 28 de junio y en caso de que no exista un acto administrativo que prorrogue dicho plazo, los operadores no estarán autorizados para utilizar dicho bien demanial y, por ende, deberán suspender las transmisiones de las radioemisoras y televisoras generando “un apagón” a nivel nacional.
El exviceministro de Telecomunicaciones y asesor de CANARA, Edwin Estrada, se refirió a la prórroga que plantea el Poder Ejecutivo por al menos un año en el país.
A pesar de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ya emitió las recomendaciones de ley, el MICITT aún no ha resuelto ninguna de las solicitudes realizadas por los operadores, lo que genera inseguridad jurídica, ya que no existe certeza de cómo resolverá finalmente el Poder Ejecutivo.
El abogado, académico y también asesor de CANARA, Federico Malavassi, detalló la importancia de que el MICITT realice su trabajo ya que de no hacerlo puede incurrir en diversas violaciones.
Desde CANARA reiteraron la preocupación de que pueda darse en el país un apagón de los medios formales, privados e independientes ya que implicaría un grave perjuicio a la institucionalidad democrática de Costa Rica y la ciudadanía, que quedaría imposibilitada de informarse y expresarse por medio de la radio y la televisión.
