La Defensoría de los Habitantes desarrolla una investigación sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en relación con el tema de la Seguridad Alimentaria.
Aproximadamente hace un año, el MAG presentó al país la política pública para el sector agropecuario costarricense 2023-2032, que busca materializar una serie de acciones concretas e identificadas, orientadas a la reactivación de un sector económico indispensable para el desarrollo rural.
El MAG asumió el reto de liderar este proceso entre productores, agro exportadores y productores para mercado local, en lo que se denominó Agricultura Familiar, que ubica zonas rurales en donde, según datos del 2021, el índice de pobreza ascendió al 26,3% y la pobreza extrema se estimó en 8,3% en zonas rurales; esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y concentración de mercado.
Sin embargo, un grupo de agricultores recurrió a solicitar espacios de diálogo con el gobierno en contra de políticas que a su juicio, atentaban contra el sector, en el marco de la seguridad alimentaria del país.
Un estudio del 2019 de la Contraloría General de la República (CGR), evaluó la eficiencia y eficacia de los servicios de asistencia técnica, brindados por instituciones del Sector Agropecuario, así como su vínculo con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS).
Cuatro años después, a efectos de la investigación que desarrolla la Defensoría, se consultó nuevamente a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, en relación con las condiciones actuales del sector, a lo que señalaron que para el año 2023 se mantienen en vigencia las observaciones y comentarios emitidos en el 2019.
Por tal motivo la Defensoría realiza una investigación sobre tema de la gobernanza en el marco de los derechos humanos, ya que estos resultados permiten evidenciar que la desvinculación del sector agrícola de las políticas del Estado tiene su origen años atrás, lo que ratifican los resultados del índice de pobreza señalados.
