Sala IV acoge gestión por desobediencia y ordena al alcalde de Osa cumplir fallo sobre vendedores en Playa Dominical
La Sala Constitucional acogió una gestión de desobediencia presentada contra la Municipalidad de Osa por el incumplimiento de una sentencia que ordenó actuar ante la ocupación irregular de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Playa Dominical.
Noticias CRC tiene en su poder la resolución N.° 2026031398, emitida el 18 de agosto de 2026 dentro del expediente 25-026160-0007-CO, en la cual la Sala concluye que, aunque la Municipalidad realizó varios operativos e inspecciones, la problemática no ha sido solucionada de manera definitiva.
El Tribunal ordenó al alcalde de Osa, Mainor Anchía Angulo, y a Daniela López Rivera, encargada a. i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que cumplan con lo dispuesto en la sentencia.
El conflicto surgió luego de una denuncia presentada por comerciantes formales de la zona. El abogado Karl Villalobos Hoffmann planteó el recurso de amparo el 29 de agosto de 2025, en representación de un grupo de vecinos.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso mediante el 14 de noviembre de 2025. El fallo ordenó a la Municipalidad de Osa ejecutar las actuaciones necesarias para resguardar el sector costero de Dominical.
Según los denunciantes, el gobierno local permitió durante años la presencia de vendedores en la ZMT sin los controles necesarios. El fallo estableció un plazo de cuatro meses para ejecutar las acciones, período que venció el 14 de marzo de 2026.
Villalobos Hoffmann sostiene que la municipalidad no cumplió con lo ordenado por la Sala y cuestionó la actuación del gobierno local.
Ante la consulta de Noticias CRC, el alcalde de Osa, Mainor Anchía, rechazó esa versión y afirmó que la información difundida sobre un supuesto incumplimiento se aleja de la realidad.
“En principio, esa información es incorrecta, se aleja de la verdad. Hace unos días se ejecutó un trabajo en conjunto con la Fuerza Pública y la Policía Turística, esto en coordinación inclusive con la Fiscalía Ambiental”, explicó Anchía.
“Además de desalojar se procedió a notificar a los presentes, con lo cual, lo siguiente sería poner en conocimiento de la autoridad judicial un posible desacato a efectos de lo que corresponda”, detalló el alcalde.
Anchía agregó que, la administración municipal ya presentó tres proyectos de reglamento al Concejo Municipal, los cuales fueron aprobados y están en etapa de revisión y publicación en la Gaceta.
Sin embargo, para la Sala Constitucional esas actuaciones no significan que el mandato judicial se haya cumplido de manera efectiva.
El Tribunal señaló que la propia Municipalidad reconoció que la ocupación irregular y la eventual usurpación de la zona pública de Playa Dominical continúan.
La resolución indica que, aunque los funcionarios municipales realizaron gestiones para cumplir con la sentencia, “lo cierto del caso es que la problemática persiste”.
La Sala también tomó en cuenta que la Municipalidad anunció la elaboración de un plan estratégico para realizar operativos conjuntos con Fuerza Pública, Policía de Migración, SINAC, Fiscalía Ambiental, Ministerio de Salud y otras instituciones.
Para el Tribunal, esas acciones futuras evidencian que el problema todavía requiere medidas adicionales.
Ante esta situación, la Sala Constitucional ordenó nuevamente a la Municipalidad cumplir con la sentencia dictada en noviembre de 2025.
El mandato incluye inspeccionar el sector denunciado, determinar si existe incumplimiento de la legislación y, de ser así, ejecutar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Zona Marítimo Terrestre.
La resolución también contiene una advertencia de mayor gravedad.
La Sala señala que, en caso de persistir el incumplimiento, podría ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Ese artículo contempla sanciones para quien recibe una orden que debe cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la acata.
