Escándalos internacionales por supuestos sobornos salpican licitación de 5G en el país
Escándalos divulgados por medios de prensa internacional, relacionados con el pago de supuestos sobornos en al menos seis países, salpican el proceso de licitación para la nueva red 5G que promueve el país.
Una de las firmas participantes en la licitación costarricense no solo enfrenta las denuncias periodísticas, sino que ya fue sancionada con multimillonarias multas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto con el fin de evitar que sus directivos enfrentaran procesos penales en ese país.
La empresa multinacional sueca de telecomunicaciones, Ericsson, que concursa en el proceso de licitación de la red 5G en el país, ha enfrentado varias denuncias en los últimos años y ha sido acusada y sancionada por temas de sobornos.
En el 2022, documentos internos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el caso bautizado como la Lista Ericsson, revelaron que la compañía “creó fondos en negro y esquemas de desvío de dinero” para poder operar en Irak después del 2014, cuando parte del país quedó bajo el dominio del Estado Islámico.
Según dichos informes, la empresa realizó supuestos pagos ilegales para transportar sus torres telefónicas por el país o para conseguir la adjudicación de determinados proyectos, mientras la organización terrorista se daba a conocer en todo el mundo con sus vídeos de decapitaciones de rehenes, según reveló el diario español El País.
En el 2019, y a raíz de acusaciones de sobornos y presunta malversación de fondos en Djibouti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait sucedidos entre el 2000 y el 2016, la empresa pagó una multa superior a los mil millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos con el propósito de evitar el inicio de un proceso penal en contra de sus directivos. De esta situación dieron cuenta los medios estadounidenses.
Sin embargo, tiempo después, en el 2023, el grupo de telecomunicaciones fue condenado a pagar otra multa de 206 millones de dólares a Estados Unidos por romper el acuerdo inicial, ya que no entregó todos los datos y pruebas relacionados con los aparentes sobornos, tal y como se había comprometido inicialmente.
Las pruebas de la Lista Erickson también arrojaron luz sobre otros 13 países no incluidos en los términos del acuerdo con las autoridades estadounidenses, pero donde la investigación interna trató casos de supuesta mala praxis corporativa: Croacia, Egipto, Sudáfrica, Portugal, Angola, Estados Unidos, Brasil, Azerbaiyán, Marruecos, Bahréin, Libia, Líbano y España.
A nivel nacional, dicha firma también enfrentó cuestionamientos en el año 2004 cuando, luego de haber ganado una adjudicación de 600.000 líneas telefónicas celulares, perdió el contrato tras comprobarse que, en medio de las negociaciones, pagó de un viaje a Europa para tres funcionarios públicos, que fueron destituidos por dicho acto.
En este momento en Costa Rica, la oferta presentada por Ericsson en la licitación de oferentes para la red pública 5G, se ubica de segunda, pues ofrece un costo total para el proceso de $18.8 millones, el doble de la oferta más barata.
En dicho proceso, para decidir la adjudicación, el país deberá poner en la balanza características como el precio de la oferta, la reputación de las firmas proveedoras y sus antecedentes en los servicios prestados en otros países, así como los temas legales de las empresas.
En setiembre del 2022, mediante una decisión discrecional, el actual gobierno dejó fuera del concurso para asumir la inspección técnica vehicular a la firma noruega Opus Group, pese a que presentó la oferta mejor calificada. En ese momento, el mandatario, Rodrigo Chaves, al defender la adjudicación alegó que Opus “tenía un récord menos estelar” y que “había noticias raras de ellos en Honduras”. Se refirió a informaciones de medios de ese país acerca de supuestos cuestionamientos sobre la empresa.
Noticias CRC gestionó la tarde de este jueves la versión sobre estos casos de la representación de Ericsson en el país. En dicha oficina solicitaron el envío de las consultas por correo y señalaron que gestionarían las respuestas. Sin embargo, al cierre de esta nota no habían contestado.
