Chile aprueba ley de ciberseguridad consensuada entre sectores ¿y Costa Rica?
El Senado de Chile aprobó este 12 de diciembre una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, luego de un proceso de consultas y consensos entre diversos actores del sector, informó la prensa local.
En Latinoamérica este es un tema en que países como Brasil, México y ahora Chile, dan pasos certeros hacia la protección ciber ética de sus habitantes luego de impulsar acciones de consulta con amplia participación técnica, empresarial y política.
En tanto, en Costa Rica, los diputados tienen en sus manos un proyecto que, según expertos, no surgió de un proceso amplio de discusión y de participación de los sectores vinculados con el tema tecnológico.
Incluso, en la Asamblea Legislativa se habla de conocer un texto sustitutivo que le otorgaría carácter político a la regulación cibernética e incluso pondría en riesgo la protección de datos personales de los ciudadanos.
Al frente, la nueva ley chilena, pendiente solo de la aprobación presidencial, se basa en un sistema de colaboración público-privada, con obligaciones de ciberseguridad y sanciones diferenciadas por riesgos y tamaño.
Además, la Ley crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como un Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática.
Según el Índice Mundial de Ciberseguridad de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), en términos de madurez nacional en ciberseguridad, Brasil, México y Chile tuvieron los mejores resultados en la región de América Latina, una situación muy distante a Costa Rica, que se ubica en el puesto 76 en el mundo.
Las leyes aprobadas recientemente en estos territorios tienen varias características ausentes en el proyecto costarricense.
Entre las medidas que si contemplan las legislaciones de los países latinoamericanos que aventajan a Costa Rica están:
- Una subasta de espectro 5G sin limitación de selección de proveedores, ya que la exclusión de algunas empresas retrasaría el 5G e impactaría negativamente en los precios de los servicios de telecomunicaciones para los consumidores y, por lo tanto, dañaría la transformación digital y el desarrollo general de los paises.
- Una regulación cibernética de las telecomunicaciones que adopte un enfoque basado en la técnica y en los hechos, con regulaciones como La Resolución 740 para operadores y Ley 77 para vendedores.
- Neutralidad tecnológica: las leyes y reglamentos no deben dar preferencia ni descalificar ninguna tecnología, ya que los mercados y los consumidores tienen derecho a acceder y elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades.
- Apego a normas internacionales para la regulación técnica y el abordaje de las cuestiones de ciberseguridad a través de medios técnicos como: ISO 27001 / ISO 15408, 3GPP y GSMA NESAS, base de conocimientos 5G.
- Responsabilidad compartida: Basado en el modelo de seguridad de 3 capas que es ampliamente aceptado en la industria de las telecomunicaciones, incluidos 3GPP, 5GPPP, entre otros.
La semana anterior, los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) frenaron, mediante 72 mociones, el proyecto llamado Ley de ciberseguridad de Costa Rica. De igual forma, esta iniciativa ha recibido múltiples cuestionamientos de expertos en telecomunicaciones, protección de datos y contratos internacionales.
En agosto del presente año, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un decreto que excluye a las empresas que no forman parte del acuerdo Budapest, participar en el desarollo de la red 5G en el país.
El acuerdo de Budapest es un documento elaborado hace más de 20 años para unificar normas en contra del cibercrimen y que, según expertos, no puede estar por encima de los tratados de libre comercio como el que el país firmó con China, e incluso, de mantenerse esa norma, podría acarrear al país multimillonarias demandas internacionales.
