¿Ayuda que no ayuda? Defensoría revela fallos clave en programas para personas pobres
Una investigación de la Defensoría de los Habitantes expuso ocho fallos estructurales en programas sociales dirigidos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en Costa Rica.
Entre los principales problemas, destaca la ausencia de una Política Nacional de Pobreza y la falta de indicadores que midan el impacto real de las ayudas.
El análisis abarcó el periodo 2019-2024 y examinó a instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y CEN-CINAI.
El informe evidenció que muchos de los montos asignados a las familias se distribuyen sin metodologías claras, y que algunas regiones reciben menos apoyo por no considerar criterios de planificación territorial.
La Defensoría también denunció una preocupante subejecución presupuestaria en varios años, lo cual equivale, en la práctica, a un recorte de recursos. Además, algunas entidades aún usan hojas de cálculo rudimentarias para gestionar información, lo que compromete la eficiencia y confiabilidad del sistema.
El informe señala que tampoco existen mecanismos de transición para quienes logran salir de la pobreza, ya que de acuerdo con el ente defensor, una persona puede perder beneficios clave, como el cuido infantil, al superar por poco el umbral económico, lo cual desalienta su progreso laboral y financiero.
Finalmente, la Defensoría recomendó crear un ente rector único, fortalecer la evaluación de resultados y rediseñar los programas para que acompañen de forma real a las personas en su camino hacia la autosuficiencia económica.
