La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtió sobre el riesgo de utilizar las opiniones consultivas como instrumentos de debate político interno, dicho señalamiento surgió durante la rendición de cuentas del tribunal sobre las acciones realizadas en 2025.
El órgano internacional recordó que las opiniones consultivas constituyen interpretaciones jurídicas autorizadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados del sistema interamericano. Los Estados y los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) recurren a este mecanismo para aclarar dudas jurídicas en un plano abstracto, sin relación con casos concretos.
Según la Corte IDH, estas consultas buscan orientar a los Estados en la prevención de violaciones de derechos humanos y en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
En Costa Rica, estos criterios tienen un peso jurídico relevante debido al control de convencionalidad y al deber estatal de armonizar el ordenamiento interno con los tratados internacionales.
En una comunicación oficial, la Corte subrayó que las solicitudes de opiniones consultivas no deben encubrir casos contenciosos ni servir para obtener pronunciamientos indirectos sobre asuntos en litigio o en controversia a nivel interno. Tampoco deben abarcar temas ya resueltos por su jurisprudencia ni pretender la resolución de hechos específicos.
El pronunciamiento coincide con la solicitud del Gobierno de Rodrigo Chaves de un criterio consultivo sobre el proyecto de ley 24.786, que planteaba un tope general a las pensiones del Poder Judicial, del Magisterio Nacional y de otros regímenes financiados con recursos públicos, alineado con el límite del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La iniciativa, que planteaba un tope de ¢1,7 millones para las pensiones con cargo al presupuesto nacional, quedó archivada el 5 de noviembre de 2025 tras una votación en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno defendió la consulta al sostener que buscaba una reforma justa y responsable, con reglas claras y sin improvisaciones.
El Ejecutivo argumentó que existen beneficios considerados excesivos, los cuales afectan la sostenibilidad del sistema y la posibilidad de garantizar pensiones dignas para la mayoría de la población.
