Reformas contra la beligerancia política avanzan en comisión, pero aún no son ley
La Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado dictaminó dos proyectos de ley que buscan endurecer y clarificar las reglas contra la beligerancia política en el sector público.
El proyecto impulsado por el Partido Liberal Progresista (PLP) establece que la prohibición para que empleados públicos participen en actividades político-electorales aplicará durante todo el período en que ejerzan el cargo, y no solo en horas laborales.
La propuesta también amplía la lista de funcionarios con prohibición absoluta, lo que incluye personal de confianza de Casa Presidencial, jefaturas de despacho y funcionarios de medios de comunicación estatales; el texto prohíbe el uso de recursos públicos, insumos o personal bajo su mando para favorecer aspiraciones electorales.
El analista político Sergio Araya afirmó que la reforma delimita con mayor claridad las conductas sancionables y refuerza el principio de neutralidad en la función pública.
La comisión también dictaminó un proyecto presentado por el diputado frenteamplista, Antonio Ortega, que fija prohibición absoluta para altos jerarcas de ejecutar acciones u omisiones que beneficien o perjudiquen partidos políticos.
Ortega se refirió a la iniciativa.
Las iniciativas ahora pasarán al Plenario Legislativo
