El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional advirtió que el próximo gobierno deberá atender una serie de desafíos urgentes que marcarán el rumbo del desarrollo económico y social del país en los próximos años.
El análisis señala que la administración de Laura Fernández, que asumirá funciones el 8 de mayo, enfrentará retos estructurales que exigen decisiones estratégicas desde el inicio de su gestión.
Entre los principales puntos destaca la necesidad de reducir las desigualdades y cerrar la brecha entre el dinamismo de las empresas en zonas francas y el resto del sector productivo. El informe plantea fortalecer los encadenamientos productivos, apoyar a las pymes y diversificar las exportaciones.
La coordinadora del Programa, Roxana Morales, explicó sobre la situación económica del país.
El estudio también identifica debilidades en la política monetaria y plantea avanzar hacia una desdolarización que promueva el crédito en colones, junto con mayor transparencia en las tasas de interés.
En el ámbito social, los expertos subrayan la urgencia de fortalecer la red de cuido y aumentar la participación laboral femenina. Además, proponen políticas con enfoque de género y rechazan las jornadas laborales extendidas.
En materia fiscal, el informe advierte sobre problemas estructurales en la recaudación y el endeudamiento. Ante esto, recomienda revisar la regla fiscal, aumentar ingresos y reducir la carga de la deuda.
La modernización del transporte público y la mejora de la infraestructura también aparecen como prioridades. Entre las propuestas figuran renovar la flotilla de buses, impulsar tecnologías limpias y avanzar en proyectos como el tren eléctrico y el tren de carga.
El documento además alerta sobre el envejecimiento de la población y la presión que esto ejercerá sobre el sistema de pensiones, por lo que plantea fomentar la inserción laboral de personas mayores y fortalecer los sistemas de cuido.
En educación, el Observatorio señala la caída en la inversión pública y urge reforzar la calidad educativa, la formación técnica y la vinculación con el sector productivo.
Finalmente, el informe vincula el aumento de la criminalidad con riesgos para la economía, al advertir posibles efectos en el turismo, la inversión y el comercio, por lo que propone atacar las finanzas del crimen organizado y reforzar la prevención.
