Oposición cierra filas en defensa de Sala IV y rechaza acusación de “golpe de Estado”
La reacción del Poder Ejecutivo al fallo de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes abrió un nuevo enfrentamiento político con varias fracciones legislativas, que rechazaron calificar la resolución como un “golpe de Estado” y defendieron la decisión del tribunal como una garantía del orden constitucional.
Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana coincidieron en que la resolución busca garantizar el funcionamiento de la Sala Constitucional y evitar afectaciones al acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, cuestionó las declaraciones emitidas desde Casa Presidencial y responsabilizó al partido oficialista Pueblo Soberano por la falta de acuerdos para elegir magistrados suplentes.
Desde el Frente Amplio, José María Villalta afirmó que el Gobierno intenta responsabilizar a la Sala Constitucional por una situación que, según su criterio, surgió por la falta de nombramientos en la Asamblea Legislativa.
El diputado aseguró que mantener sin suplentes al tribunal constitucional generaba un riesgo para la atención de recursos de amparo relacionados con derechos fundamentales.
La diputada Claudia Dobles también criticó la posición del Ejecutivo y señaló que el conflicto representa una amenaza para la separación de poderes.
Dobles afirmó que la resolución permite mantener los controles institucionales y cuestionó una eventual negativa del Gobierno a reconocer las decisiones de la Sala Constitucional.
Por su parte, la representante del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, defendió la actuación de los magistrados y afirmó que la Sala IV cumplió con su función como máxima autoridad para resolver conflictos entre poderes.
Gordienko rechazó que los integrantes de la Sala que aprobaron la resolución reciban calificativos de “golpistas” y llamó a respetar la Constitución Política.
Las fracciones opositoras coincidieron en que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa avanzar con el proceso de nombramiento de magistrados suplentes, mientras crece la disputa política entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por el alcance del fallo constitucional.
