El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aplicó un veto total al proyecto de ley que obligaba a los privados de libertad a entregar una prueba de ADN para acceder a beneficios carcelarios y mantener actualizada la base de datos del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La iniciativa, presentada por el exdiputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Eli Feinzaig, fue aprobada en segundo debate y buscaba fortalecer la identificación de los condenados dentro del sistema penitenciario.
El proyecto planteaba que los privados de libertad entregarán muestras de ADN no codificante como requisito para solicitar beneficios como libertad condicional, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, indultos, permisos de salida y cambios a niveles de menor contención penitenciaria.
Según el Poder Ejecutivo, el veto responde a razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
El Gobierno argumentó que el texto asigna al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) funciones relacionadas con la recolección y manejo de datos biométricos que no corresponden a sus atribuciones legales.
Además, el documento cuestiona que el proyecto afirmara que el ADN no codificante no permite acceso a datos sensibles, ya que el Ejecutivo sostiene que toda información biométrica, incluido el ADN, constituye un dato personal sensible.
Con el veto presidencial, el expediente regresará a la Asamblea Legislativa para el análisis de las observaciones planteadas por el Ejecutivo y posteriormente deberá pasar a revisión de la Sala Constitucional.
Si la Sala IV concluye que el texto no presenta roces constitucionales, el Congreso podrá decidir si resella o no la iniciativa vetada.
