Delitos sexuales contra menores aumentan mientras expertos alertan debilidad institucional
Los delitos sexuales contra menores de edad muestran una tendencia al alza en Costa Rica, mientras especialistas advierten sobre debilidades en la respuesta institucional para atender la explotación sexual comercial infantil.
Un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional y el programa PRIDENA de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), señala que el Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a los 2.772 reportados en 2020.
La investigación, que analizó la situación en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores, aclara que estas cifras no corresponden necesariamente a casos de explotación sexual comercial.
Sin embargo, evidencian un incremento sostenido de la violencia sexual contra niños y adolescentes. En contraste, los registros especializados del PANI reportan apenas 13 casos de explotación sexual comercial en Puntarenas entre 2023 y 2024, cinco en Garabito y dos por año en Corredores durante 2019 y 2020.
El investigador del CIDE UNA, Rolando Barrantes, amplió sobre el estudio.
Los investigadores atribuyen esta diferencia a problemas en la clasificación de las denuncias. El informe indica que numerosos casos se registran inicialmente como negligencia en el cuido o relaciones impropias y, aunque posteriormente se confirme la explotación sexual comercial, la categoría no se actualiza en los registros oficiales.
El estudio también advierte sobre el debilitamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), cuya integración pasó de 66 miembros a entre 20 y 30 representantes, debido a la falta de participación y coordinación entre las instituciones.
Además, identifica la pobreza, la migración, la informalidad laboral, el turismo sexual y la presencia del crimen organizado como los principales factores que aumentan el riesgo de explotación sexual comercial en los tres cantones analizados.
