Magistrada Patricia Solano alerta que eliminación de audiencias virtuales favorece al crimen organizado
La cancelación del convenio para realizar audiencias judiciales virtuales abrió un nuevo frente de choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La magistrada Patricia Solano advirtió que la decisión del Gobierno encarece los procesos, obliga al traslado de reos de alta peligrosidad y expone a la población a mayores riesgos de seguridad.
Las críticas surgieron luego de que el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, consultó por las consecuencias de que el Ejecutivo pusiera fin, de forma unilateral, al acuerdo que permitía realizar audiencias por videoconferencia.
Solo durante el primer semestre del año, el Poder Judicial efectuó 2.416 audiencias virtuales, un promedio de 13 por cada día hábil.
La magistrada afirmó que la medida representa un retroceso para la administración de justicia.
Explicó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá asumir más traslados de personas privadas de libertad hacia los tribunales, incluso de imputados por delitos de crimen organizado, lo que incrementa los costos de operación y exige más personal de custodia.
Solano sostuvo que la decisión contradice los esfuerzos por fortalecer el uso de la virtualidad dentro del sistema judicial. Además, señaló que cada traslado implica gastos de alimentación, seguridad, utilización de salas y recursos humanos que antes el convenio ayudaba a reducir.
La magistrada cerró con un llamado al Gobierno para reconsiderar la decisión. A su criterio, la cancelación del convenio afecta la persecución del crimen organizado y debilita las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial para enfrentar ese tipo de casos.
