Presidente del SEC presenta querella contra Rodrigo Chaves por presunta difamación
El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz Vásquez, presentó una querella penal contra Rodrigo Chaves Robles por presuntas afirmaciones falsas que, según sostiene, afectaron su honor y reputación.
La acción fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y acusa a Chaves de los delitos de difamación y, de forma subsidiaria, calumnia.
Según el documento judicial, las declaraciones cuestionadas ocurrieron durante una conferencia de prensa de la Casa Presidencial del 5 de agosto de 2026. Díaz señala que Chaves afirmó que él recibía un salario de ₡11,5 millones mensuales como presidente del SEC y que el sindicato recibía alrededor de $4 millones al mes.
El presidente del SEC sostiene además que las declaraciones se relacionaron con el proceso electoral interno de la organización sindical. A su criterio, Chaves tenía la posibilidad de verificar la información antes de presentarla públicamente como cierta.
Díaz afirma que, al momento de presentar la querella, Chaves no había rectificado ni se había retractado de las afirmaciones.
El dirigente sindical aclara que su objetivo principal no consiste en obtener una compensación económica. La querella solicita una retractación pública y una disculpa que tengan un alcance equivalente al de las declaraciones originales.
Entre los puntos que Díaz pretende que Chaves rectifique aparece la cifra de ₡11,5 millones mensuales, la información relacionada con los ingresos del SEC y cualquier afirmación que sugiera un uso irregular de los recursos del sindicato por parte del dirigente.
La solicitud plantea que la eventual retractación se publique con una exposición similar a la que tuvieron las declaraciones del 5 de agosto, incluida la utilización de los canales oficiales de la Presidencia.
La querella también solicita que, si Chaves no se retracta, la Sala Tercera declare con lugar la acción, imponga la sanción correspondiente y ordene la publicación de una eventual sentencia condenatoria.
Debido a que Chaves ocupa un cargo dentro del Poder Ejecutivo, el documento solicita además que la Sala tramite el procedimiento correspondiente para levantar el fuero de improcesabilidad penal y permitir la continuación del proceso.
Díaz dejó expresamente establecido que no reclama una indemnización civil y que concentra su pretensión en la restitución de su honor mediante una retractación pública.
