Por Alejandro Meléndez
El Sector Inmobiliario llamó la atención sobre el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La normativa entra en rigor el 12 de marzo, según su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Según el sector y el Colegio de Topógrafos, la iniciativa es peligrosa porque pone condiciones ilógicas que rigen a la hora de dividir propiedades, que afecta términos como las servidumbres, venta y herencias.
El plan tiene como objetivo que los dueños de terrenos de más de 900 metros cuadrados (m²) que se ubiquen en zonas no urbanizadas, tendrán que ceder el 10% de sus lotes a los gobiernos locales al momento de segregarlos.
Esa será una obligación si pretenden vender, traspasar, heredar o construir. Además, el terreno cedido deberá acondicionarse como comprar parque infantil para uso público.
El presidente ejecutivo del INVU, Tomás Martínez indicó que el plan es de acatamiento obligatorio para los cantones cuyas municipalidades no cuentan con plan regulador, que es el caso de 42 de los 82 municipios.
El polémico reglamento también divide el criterio de las fracciones legislativas. A inicios de enero el socialcristiano Pablo Abarca pidió aclaraciones al Ministerio de Economía y a Presidencia.
Mientras que la bancada oficialista defiende la intención del INVU, pues consideran que busca asegurar que los desarrollos urbanísticos que se generen fuera de los cuadrantes urbanos, de las áreas ya urbanizadas, cumplan con lo que se establece en la Ley de Planificación Urbana, que son mejoras de calles, facilidades comunales y parques.
