Once diputados frenaron, en 2019, reforma que castigaba constructoras irresponsables
Por Alejandro Meléndez D.
Once diputados intentaron retrasar el trámite de una reforma en setiembre de 2019 que castigaba a las empresas constructoras que tenían faltas graves en la adquisición o ejecución de contratos de obras públicas.
De esta manera, las empresas quedarían inhabilitadas de participar en concursos públicos por un periodo entre tres y 10 años.
Esos legisladores firmaron una consulta a la Sala Constitucional que retrasó el trámite por mes y medio. Finalmente la Sala no encontró vicios en el texto, la reforma se aprobó y se convirtió en Ley de la República.
Los diputados que estamparon su firma en el documento fueron Óscar Cascante, Pedro Muñoz y Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Muñoz y Patricia Villegas de Integración Nacional (PIN), y los independientes Érick Rodriguez, Ivonne Acuña, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas, Marolin Azofeifa y Harllan Hoepelman.
Esta reforma adquiere relevancia luego de los hechos investigados por la Fiscalía Anticorrupción que le atribuyen a cinco empresas constructoras posibles sobornos para ganar contratos de obra pública.
