La Defensoría de los Habitantes presentó una solicitud de protección cautelar ante el Juzgado de Familia en favor de un niño con discapacidad, quien sufrió agresión física en una escuela pública.
La madre del menor denunció el caso ante el Ministerio de Educación Pública, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria.
Tras investigar el caso, la Defensoría determinó errores en el procedimiento administrativo y recomendó acciones correctivas. Al persistir la situación y debido a la vulnerabilidad del menor, se decidió interponer el proceso cautelar para garantizar su seguridad.
El Juzgado acogió la solicitud y ordenó la reubicación del docente implicado, al asegurar que el menor reciba el apoyo educativo necesario durante el curso lectivo 2025 en un ambiente seguro.
Además, se prohibió al docente acercarse o perturbar al niño en la institución.
Asimismo, se instruyó a la dirección del centro a gestionar apoyo profesional especializado para el menor lo antes posible.
