Colegio de Contadores Públicos fortalece fiscalización para sancionar anomalías éticas y tributarias
Por: Dionni Jiménez
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reafirmó su compromiso con la defensa de la fe pública y anunció el fortalecimiento de sus acciones de fiscalización, prevención y coordinación institucional.
La medida responde de forma directa a los hechos denunciados en los últimos meses, períodos en los que diversos cuestionamientos señalaron la presunta participación de profesionales en contabilidad en procesos que no se ajustan a las disposiciones tributarias vigentes en el país.
El Departamento de Fiscalía del Colegio mantiene en ejecución un programa permanente de revisión del ejercicio profesional, herramienta jurídica que le faculta para realizar evaluaciones y auditorías sorpresivas sobre los balances, informes y dictámenes efectuados por los Contadores Públicos Autorizados (CPA).
Como reflejo de esta actividad fiscalizadora, las autoridades informaron que la Fiscalía recibió un total de 44 denuncias formales y abrió 11 investigaciones de oficio durante el año pasado 2025.
El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Francisco Ovares fue enfático en que la Contaduría Pública exige los más altos estándares de idoneidad, integridad, independencia y actualización profesional permanente.
Esta cooperación interinstitucional procura robustecer los mecanismos de atención de quejas y agilizar el intercambio de información oportuna sobre actuaciones irregulares que puedan comprometer el adecuado ejercicio de la profesión y la transparencia en el mercado nacional.
Ante el actual panorama económico, el Colegio enfatizó la obligación de que los despachos mantengan una actualización profesional permanente, robustezcan sus sistemas internos de gestión de calidad y ejecuten una estricta evaluación de riesgos en los procesos de aceptación de nuevos clientes.
De igual manera, las jefaturas recordaron el deber ineludible de conservar la evidencia documental suficiente y adecuada que respalde jurídicamente cada uno de los trabajos de fe pública que se realizan en el territorio nacional.
