Ante los resultados divulgados por la organización Costa Rica Íntegra, con respecto al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), la Defensoría de los Habitantes manifiesta la urgencia de que el Poder Ejecutivo retome, priorice y agilice la estructura de un sistema de gobernanza y emita una política pública en contra de la corrupción.
El reciente estudio cuantifica la percepción de las personas residentes en cada nación sobre la corrupción en los respectivos países. Entre 180 países evaluados, Costa Rica ocupa el puesto 42, con una escala de 58 puntos sobre 100, que no supera la decena de los cincuenta en que el país ha oscilado desde 2012, que no supera su valor más alto obtenido en 2017.
De acuerdo con la entidad, también preocupa conocer que el país empeoró, en relación con los datos de 2024, en cuatro de los siete indicadores analizados en la medición, y entre ellos el de “Estado de derecho y Gobernanza”.
En setiembre del año anterior varias instituciones, entre ellas, la Defensoría de los Habitantes, fueron convocadas por el Ministerio de Justicia y Paz, a efecto de discutir sobre un “Modelo de Gestión de Integridad para la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción”, y en esa oportunidad, esta Institución Nacional de Derechos Humanos recordó el deber de trazar una hoja de ruta para enfrentar este flagelo.
Según la Defensoría, a partir de los esfuerzos iniciados, y de los resultados que arrojò el IPC 2025, es necesario que el Poder Ejecutivo actualice y fortalezca el marco normativo para examinar reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Finalmente, la entidad manifestó la urgencia de actualizar el Decreto que crea la Comisión Nacional de Ética y Valores y reglamentar y cumplir la Ley para perfeccionar la rendición de cuentas.
