Fiscalía acusa a Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños de corrupción por Cementazo
Por Alejandro Meléndez
La Fiscalía acusó penalmente al exmagistrado Celso Gamboa y al empresario Juan Carlos Bolaños de aparente cohecho propio en un viaje de ambos a Panamá en 2016, el cual fue costeado por Bolaños, así como en una gestión judicial realizada en 2017 en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Según un comunicado del Ministerio Público, se le señala señala a Gamboa por presuntamente haber recibido como dádiva un viaje a Panamá del 9 al 10 de octubre del 2016.
En apariencia, como resultado del beneficio otorgado, el exmagistrado efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de una causa en la que se señaló a los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de Bolaños.
Según la acusación, los mencionados gastos de tiquete aéreo y hospedaje fueron pagados por un primo del empresario de apellidos Rojas Segura, quien fungía como gerente general del grupo empresarial que pagó esas facturas.
Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice.
Por otra parte, la pieza acusatoria hace referencia a hechos ocurridos la tarde del 18 de abril del 2017, cuando, aparentemente, el exmagistrado y el empresario se encontraron en las afueras del edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
Se cree que Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, digirió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde, en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada.
Según la Unidad Especializada, el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias.
Aparentes delitos
El delito de cohecho consiste en que un funcionario público en ejercicio de su cargo solicite o acepte una dádiva (regalo), para realizar u omitir un acto dentro de su competencia.
El tráfico de influencias consiste en el uso o aprovechamiento indebido de los conocimientos o informaciones obtenidas en el desempeño de un cargo público.
Por otra parte, el Código Penal tipifica el delito de penalidad del corruptor a quien ofrezca u otorgue a un funcionario de otro Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, o de un organismo o entidad internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución o ventaja indebida. Se sanciona con prisión de dos a ocho años.
En el caso del perjurio, el Código Penal define una pena de prisión de tres meses a dos años al que falte a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios.
El falso testimonio se le atribuye a quien afirme una falsedad, parcial o totalmente, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha ante autoridad competente. Se castiga con penas de dos a ocho años de prisión.
