Planes de gobierno ignoran la baja natalidad pese al envejecimiento acelerado del país, según análisis de la UNA
Los planes de gobierno que compiten por la Presidencia de la República en las elecciones de 2026 dejan de lado la baja natalidad y la sostenibilidad demográfica, a pesar del acelerado envejecimiento que enfrenta Costa Rica.
Así lo advierte un análisis del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).
El estudio, que revisó 20 programas de gobierno, concluye que las políticas poblacionales no necesitan un lugar central ni integral en la agenda electoral. Aunque los partidos reconocen algunos efectos del cambio demográfico, evitan abordar sus causas estructurales, entre ellas la caída sostenida de la fecundidad.
El investigador del Idespo, José Andrés Díaz, detalló en qué consiste el análisis.
Según el análisis, los temas que concentran mayor atención son el envejecimiento poblacional, las pensiones y el cuido de personas menores y adultas mayores, dichas áreas reúne la mayor cantidad de propuestas, pero en su mayoría desde enfoques asistenciales o de corto plazo, sin una articulación clara con la sostenibilidad del sistema social y económico.
En contraste, la natalidad y la sostenibilidad demográfica figuran entre los asuntos menos mencionados.
La UNA señala que este silencio resulta llamativo en un contexto de fecundidad históricamente baja y aumento sostenido de la población adulta mayor, factores que presionan los sistemas de pensiones, salud y financiamiento público.
El documento también identifica una presencia limitada y ambigua de los derechos sexuales y reproductivos en los programas presidenciales.
Otro hallazgo relevante apunta a la falta de una visión intergeneracional, las propuestas no vinculan de forma coherente envejecimiento, empleo juvenil, cuidado, migración y natalidad, lo que debilita la planificación de mediano y largo plazo frente a la transformación demográfica del país.
El análisis advierte que esta brecha plantea riesgos para la sostenibilidad del Estado social y limita la capacidad del país para anticipar y gestionar los cambios en su estructura poblacional.
