Sala IV frena presupuesto de 2027 ante denuncia de “asfixia financiera” del Poder Judicial
La Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027 ante las advertencias de una posible “asfixia financiera” del Poder Judicial, que podría provocar el despido de más de 2.400 funcionarios y el cierre de despachos judiciales.
Los magistrados acogieron una medida cautelar urgente que solicitó la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, por las restricciones presupuestarias que contempla el proyecto de ley.
La resolución establece que los diputados no podrán someter el presupuesto a segundo debate antes del 29 de noviembre, mientras la Sala IV analiza la consulta de constitucionalidad presentada por la Corte.
El Poder Judicial cuestiona el bloqueo de más de 29 mil millones de colones, equivalentes al 5,6% de su presupuesto institucional, cuyo desbloqueo quedaría sujeto a la aprobación de una comisión legislativa.
Además, advierte que las restricciones para cubrir plazas vacantes podrían afectar el funcionamiento de juzgados, fiscalías y oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Entre las posibles consecuencias, la Corte señala el cierre de despachos en localidades como Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, así como dificultades para financiar servicios básicos, equipos de investigación y protección de víctimas.
La Sala Constitucional también señaló que la Asamblea Legislativa incurrió en atrasos al remitir el expediente presupuestario solicitado para analizar los cuestionamientos.
El presupuesto recibió aprobación en primer debate el 5 de noviembre y tenía previsto su segundo debate para este martes 10 de noviembre.
Finalmente, la medida cautelar no significa que la Sala IV haya declarado inconstitucional el presupuesto, sino que busca garantizar el análisis de los cuestionamientos antes de que los diputados completen su aprobación.
