Violencia contra las mujeres sigue en aumento pese a marco legal, alerta Defensoría
Ante la crisis de violencia que enfrenta el país, la Defensoría de los Habitantes advirtió que Costa Rica aún mantiene serias limitaciones para garantizar de forma efectiva los derechos de las mujeres pese a contar con una marco jurídico amplio en esta materia.
Así lo señaló la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, quien afirmó que la situación nacional es contradictoria, ya que aún existe normativa que brinda mayor protección, las mujeres continúan siendo víctimas de más vulneraciones.
Uno de los principales focos de preocupación de la entidad es la violencia de género, ya que, según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, exponen que en 2020 se registraron 30 femicidios, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 36. De esas víctimas, 26 eran madres y 57 personas quedaron huérfanas, entre ellas 39 menores de edad.
A esto se suman otros indicadores, según la Defensoría, reflejan un sistema saturado, en 2020 se reportaron 114 tentativas de femicidio y para 2022 la cifra subió a 137. Asimismo, entre 2018 y 2023 se solicitaron en promedio 142 medidas de protección por día, mientras que al cierre de 2025 había más de 42 mil medidas activas.
Ante este panorama, Cruiskshank aseguró que estos datos muestran no solo brechas estructurales importantes, sino también que las acciones adoptadas por el Estado sigue siendo insuficiente, por lo que indicó que el país debe dejar atrás el enfoque reactivo y avanzar hacia una prevención estructural basada en capacitación, sensibilización, intervención temprana y una articulación efectiva entre instituciones.
Por otra parte, la defensora también alertó sobre la situación en el sistema educativo, que según los datos expuestos por la entidad, en 2023 más del 90% de las denuncias por hostigamiento sexual se presentaron por mujeres y más del 50% correspondían a personas menores de edad.
Además, en el Ministerio de Educación Pública se registraron 181 denuncias en 2024, 326 en 2025 y 35 casos en lo que va de 2026, lo que evidencia que los centros educativos todavía no son espacios completamente seguros para niñas y adolescentes.
