El presidente de la República, Rodrigo Chaves, achacó el retraso en la implementación de la tecnología 5G en el país al proceso judicial y a dos diputadas de la Asamblea Legislativa.
El mandatario realizó las declaraciones este miércoles en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
Los jerarcas culparon a un juez de retrasar el proceso, al no resolver una medida cautelar interpuesta por un sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre la vialidad del decreto.
Chaves volvió a dejar entrever que la decisión de excluir a firmas Chinas de participar en el proceso, se trató de una decisión política y no técnica.
Además, Bogantes arremetió contra las diputadas Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Johana Obando del Partido Liberal Progresista (PLP) por mostrar oposición hacia el documento.
Por su parte, la congresista del PUSC se defendió ante las acusaciones del mandatario y resaltó la importancia de la neutralidad tecnológica en este proceso.
De igual forma, la diputada Obando acusó a Chaves de mentir y de confundir a la población con sus afirmaciones.
Según el decreto establecido por el Poder Ejecutivo en el reglamento de ciberseguridad de redes 5G y superiores, las empresas chinas no podrían ser tomadas en cuenta en la licitación de la tecnología 5G, dado que dicho país no es signatario del Convenio de Budapest.
El acuerdo de Budapest es un documento elaborado hace más de 20 años para unificar normas en contra del cibercrimen y que, según expertos, no puede estar por encima de los tratados de libre comercio como el que el país firmó con China, e incluso, de mantenerse esa norma, podría acarrear al país multimillonarias demandas internacionales.
