Asamblea decidirá levantamiento de inmunidad a diputado oficialista sospechoso de cohecho impropio en proyecto “eurobonos”
La Asamblea Legislativa deberá iniciar con el trámite para la discusión del levantamiento de inmunidad al diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Alexander Barrantes Chacón, sobre quien pesa una acusación por parte de la Fiscalía General de la República por el delito de cohecho impropio bajo la modalidad de penalidad del corruptor en relación al proyecto de eurobonos.
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia notificó a la Fiscalía sobre la remitente de dicha acusación a la Asamblea Legislativa, esto según el procedimiento especial para el juzgamiento de Supremos Poderes, y sea esta que defina el proceso para el levantamiento del fuero especial y continuar con el proceso penal.
En enero del presente año, el fiscal general acusó a Barrantes Chacón por los hechos ocurridos el 9 de noviembre del 2022, cuando en apariencia el legislador le expresó a la diputada Sofía Guillén del Frente Amplió, su interés en la obtención de votos favorables desde el partido frenteamplista para el proyecto de eurobonos.
A cambio, el diputado le ofreció puestos sin nombrar en el gobierno o en embajadas para uso de la propia funcionaria o de personas cercanas a la fracción, por lo que ese mismo día, la diputada denunció públicamente los hechos, según la prueba obtenida.
Ante el avance del proceso anunciado este miércoles, Barrantes se desligó de dicha acusación al indicar el rechazo categórico sobre nombramientos en puestos públicos a cambio de votos, la cual catalogó de falsa.
Asimismo, el congresista agregó que “la aprobación de los Eurobonos fue un proceso abierto, debatido y ampliamente discutido en el seno legislativo. (…) Negociar, proponer, construir puentes entre fracciones y buscar consensos es parte de mi responsabilidad como legislador”.
Finalmente, el diputado oficialista enfatizó su disposición a colaborar y exigió respeto en sus derechos durante el caso, de manera que los procesos judiciales no se utilicen “como herramientas para la persecución política o mediática”.
La Procuraduría General de la República se constituyó como querellante y actor civil, luego del análisis por parte de los magistrados y la notificación de su resolución a la Fiscalía General, para que sea la Asamblea Legislativa quien defina el avance del caso.
Imagen: Facebook Alexander Barrantes
