El Gobierno mantiene sin ejecutar ₡8.688 millones aprobados por la Asamblea Legislativa al Poder Judicial para reforzar la lucha contra la criminalidad, pese a que estos recursos resultan clave para fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público en un contexto de creciente inseguridad.
Ante esta situación, la Corte Plena del Poder Judicial solicitó una nueva reunión al Ministerio de Hacienda con el fin de insistir en el giro de los fondos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2026, destinados a financiar 176 plazas en el OIJ y 99 plazas en el Ministerio Público.
Los recursos permitirían la contratación de fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, indispensables para enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas. No obstante, el Ministerio de Hacienda mantiene los fondos en condición de no ejecución, al excluirlos de la programación financiera.
En un oficio enviado el 13 de enero al jerarca de Hacienda, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, advirtió sobre el impacto directo de esta decisión en la capacidad institucional para combatir la delincuencia.
El Poder Judicial también alertó que la falta de personal limita el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, atrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado, según lo advirtió el Fiscal General de la República.
Pese a los argumentos expuestos, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa mediante un oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Rudolf Lücke, en el cual comunicó que los recursos no se incorporarán a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
La Corte Plena insistió en la urgencia de liberar los fondos y recalcó que el Poder Judicial ejecuta acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y enfrentar la delincuencia. Sin embargo, la institución advirtió que la seguridad ciudadana no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros ya aprobados por el Poder Legislativo.
