Corte rechaza petición del oficialismo y mantiene nómina para la Sala IV

La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes la solicitud impulsada por diputados oficialistas para elaborar una nueva lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y acordó reenviar a la Asamblea Legislativa la misma nómina de 18 aspirantes.
La decisión fue adoptada por la Corte Plena al concluir que el Congreso no presentó razones objetivas para descartar a los candidatos seleccionados mediante concurso público.
De los 22 magistrados presentes en la sesión, 16 votaron a favor de mantener la nómina, dos se abstuvieron y cuatro respaldaron la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de selección.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, aseguró que los diputados no expusieron criterios técnicos ni razonables para cuestionar a los aspirantes y advirtió que la Sala IV enfrenta dificultades para operar debido a la falta de magistrados suplentes.
La magistrada de la Sala III, Patricia Solano, afirmó que el proceso de selección cumplió con todos los requisitos establecidos y destacó que las personas incluidas en la nómina cuentan con los atestados necesarios para ocupar el cargo
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN),Álvaro Ramírez, afirmó que la decisión de la Corte fue la correcta al devolver la lista.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, celebró la decisión de la Corte.
La semana anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una moción impulsada por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) para rechazar la lista remitida por la Corte y solicitar una nueva nómina para llenar las nueve plazas vacantes de magistrados suplentes.
Con la decisión adoptada este lunes, el expediente volverá a la Comisión de Nombramientos del Congreso, que deberá analizar el criterio de la Corte y definir los pasos a seguir.
Según el Poder Judicial, iniciar un nuevo proceso de selección podría retrasar hasta por un año la designación de los magistrados suplentes, lo que afectaría la capacidad de respuesta de la Sala Constitucional.



