Gobierno de Milei se empeña en concesionar la estratégica hidrovía pese a las denuncias de irregularidades
El Gobierno de Javier Milei avanza con la licitación de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, una vía clave para el comercio exterior argentino, pese a las advertencias de posibles irregularidades en el proceso. La oposición busca frenar la adjudicación en el Congreso y reclama mayor transparencia.
El Ejecutivo aprobó la calificación técnica de dos consorcios internacionales de origen belga que competirán por la concesión de las obras de dragado, señalización y mantenimiento de la vía navegable.
Las empresas aspirantes son Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus, y DEME. Este martes se abrirán las ofertas económicas para una concesión que tendría una duración mínima de 25 años y que implicaría inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, advirtió en un dictamen que existen “serias y evidentes irregularidades” en los pliegos de licitación. Según el organismo, estas fallas podrían derivar en consecuencias administrativas y penales.
Entre las observaciones señaladas aparecen problemas en la cláusula anticorrupción, las condiciones para ceder el contrato y las limitaciones para impugnar el proceso. Además, la PIA cuestionó la fórmula de evaluación de las ofertas y alertó sobre la falta de estudios de impacto ambiental y deficiencias en la consulta pública.
La oposición peronista presentó proyectos en el Congreso para pedir la suspensión inmediata de la licitación. El diputado Jorge Taiana reclamó que el proceso garantice transparencia, acceso a la información pública y la realización de nuevos estudios ambientales y audiencias públicas.
La llamada Vía Navegable Troncal es estratégica para Argentina y el Mercosur, ya que por allí circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país, además de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Según el pliego, la empresa adjudicataria obtendría ingresos por peajes superiores a los 600 millones de dólares anuales.
