El proyecto de extinción de dominio es una iniciativa que ya fue aprobada por una Comisión Especial de diputados y ahora deberá pasar al Plenario para la discusión de los 57 legisladores.
La iniciativa faculta a un organismo nuevo del Poder Judicial a poder cuestionar a las personas cuyos ingresos no correspondan a los bienes que acumulen. esto con el fin de que el estado pueda incautar esos bienes cuando no exista justificación.
Noticias CRC 89.1 se dio a la tarea de consultar a varios abogados, algunos exdiputados sobre la necesidad de una ley con estas características en el país, las respuestas son diversas, unos están de acuerdo y otros no.
Iremos conociendo que opinan varios juristas sobre esta iniciativa, con el fin de profundizar sobre la óptica jurídica del proyecto de ley de extinción de dominio.
Para el abogado y exdiputado, Mario Redondo, el proyecto debe ser aprobado y los diputados hacen bien en avanzar con el proyecto.
Sin embargo, Redondo también admite que se estaría tocando un derecho de la democracia costarricense.
El exlegislador también hace un llamado a los actuales diputados a incluir los delitos de pornografía infantil y contrabando dentro del proyecto cuando este llegue a Plenario.
Por su parte la Doctora en Derecho, Rosario Ramírez aboga por que se cumpla el artículo 45 de la Constitución Política.
Ramírez es una de muchas personas en el gremio jurídico que cuestiona la implementación de una Ley de Extinción de Dominio.
Finalmente la Doctora Ramírez Azofeifa mencionó que la prueba para culpar a alguien no se puede invertir porque roza la Constitución Política.
El proyecto de ley de Extinción de Dominio se tramita bajo el expediente 19571 y recién salió de una comisión que lo estudió.
Para el excongresista Alex Sibaja, el proyecto se comporta como un instrumento necesario en la lucha contra el enriquecimiento ilícito.
Sibaja también mencionó que el proyecto está muy cerca de ser ley de la República.
El jurista Fabián Volio cree que ya hay legislación para combatir el crimen organizado y no debería formularse una ley que vaya en contra de un principio Constitucional.
El actual proyecto traslada los fondos adquiridos en un 20% a la administración de los bienes asegurados o decomisados; un 40% al poder judicial, para financiar la jurisdicción de extinción de dominio; y otro 40% destinado al Ministerio de Hacienda para la amortización de deuda interna y externa. Esto si los diputados no cambian la iniciativa en el trámite en el Plenario Legislativo.
Para el abogado Ewald Acuña, extinción de dominio es una necesidad y debe aplicarse lo más pronto posible.
Acuña también indicó que el proceso para incautar estos bienes no tiene ninguna relación con el eventual delito penal que cometan los investigados.
Ahora la iniciativa está en manos de los diputados, donde pasará al plenario legislativo donde podría ser modificado en su fondo y en su forma.
El proyecto de ley de Extinción de dominio podría ser una realidad en pocos meses, según lo decidan una mayoría simple de los diputados de la República.
