Magistrada alerta choques constitucionales en plan que obligaría a reos a trabajar para cubrir su estadía
La presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, advirtió que un proyecto de ley que pretende incluir el trabajo como parte de la pena de los privados de libertad podría contradecir la Constitución Política.
La iniciativa se discute en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa; según Solano, el texto presenta inconsistencias jurídicas y genera dudas sobre su compatibilidad con el marco legal vigente.
La magistrada explicó que la jurisprudencia constitucional establece que el Estado tiene la obligación de garantizar alimentación y alojamiento a los privados de libertad.
La magistrada afirmó que el planteamiento podría entrar en conflicto con criterios ya establecidos por la Sala Constitucional.
Además, la presidente de la Sala Tercera defendió el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena que el Gobierno vetó recientemente.
Solano aseguró que la propuesta no surgió únicamente en la Corte Suprema de Justicia y afirmó que varios sectores participaron en su elaboración.
Mientras tanto, los diputados de la comisión continuarán con audiencias antes de decidir el futuro del plan impulsado por la fracción del Partido Nueva República.
