Educación

MEP insiste en que las aulas no son espacios para la política partidaria

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una circular de acatamiento obligatorio que prohíbe al personal docente utilizar las aulas, las evaluaciones, los actos cívicos y los recursos institucionales para realizar propaganda política, proselitismo o adoctrinamiento.

La disposición, firmada por el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, y las viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez, establece que los funcionarios conservan sus derechos individuales, pero no pueden aprovechar su cargo o la relación pedagógica para influir en las preferencias políticas del estudiantado.

La circular también prohíbe utilizar clases, tareas, exámenes, proyectos, murales, carteles, plataformas digitales y cualquier otro recurso institucional para favorecer o desacreditar partidos políticos, candidaturas, figuras públicas o movimientos ideológicos.

Además, el personal docente no podrá invitar o presionar a estudiantes para participar en marchas, campañas, recolección de firmas, encuestas, colectas u otras actividades de carácter político.

El documento impide incorporar contenidos o preguntas en las evaluaciones con el propósito de orientar al estudiantado hacia una posición política determinada, cuando ese enfoque exceda o distorsione el currículo oficial.

Asimismo, la normativa prohíbe distribuir propaganda electoral dentro de los centros educativos y permitir el ingreso de personas externas cuyo objetivo sea realizar actividades de proselitismo político o adoctrinamiento ideológico.

El MEP aclaró que los docentes sí podrán desarrollar temas políticos, sociales, económicos e institucionales cuando formen parte de los programas oficiales de estudio, siempre que presenten distintas perspectivas, promuevan el pensamiento crítico y eviten imponer opiniones personales como criterio de evaluación.

La circular también ordena a las Direcciones Regionales de Educación, supervisiones y direcciones de centros educativos divulgar estos lineamientos, verificar su cumplimiento y trasladar a las instancias competentes los casos en los que detecten posibles incumplimientos.

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