La Corte Plena discutirá este lunes una solicitud que plantea la destitución de la Fiscal General, Emilia Navas.
El pedido fue presentado por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).
En ella se pide a los magistrados que se valore la continuidad de Navas en el Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial, luego de que la Fiscal se inhibió en el caso «Cochinilla».
La norma establece que: «siempre que se identifique una situación de conflicto de interés, deberán tomarse las medidas necesarias para resolverlo con el fin de evitar una afectación al interés público, a la buena gestión de los asuntos a cargo de la Corte Suprema de Justicia, la confianza y credibilidad institucional, y prevenir conductas de corrupción de las personas judiciales».
«Las medidas adoptadas deberán ser proporcionales al nivel del riesgo de afectación al interés público que implique la situación de conflicto de interés identificada, y conciliar, en la medida de lo posible, los intereses de la organización, el interés general y los intereses legítimos de los servidores judiciales», sentencia.
Navas se inhibió del caso ya que su pareja, el penalista Francisco Campos, defiende a cuatro de los 32 imputados del caso.
Navas afirmó que actúa conforme a lo establecido en el Protocolo para la Prevención, Identificación y Gestión de los Conflictos de Interés de la Fiscalía General y aplaudió la independencia de las actuaciones llevadas adelante por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Y añadió que se enteró de las detenciones hasta que vio las noticias de los allanamientos.
Navas se aferra a su cargo y cree que no hay motivos para presentar su renunciar, pese a la solicitud de parte de la diputada socialcristiana, Shirley Díaz, los sindicatos de la Judicatura (Sindijud), Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y Asociación Nacional de Criminalística (ANIC).
El caso «Cochinilla» denuncia una supuesta corrupción con obras públicas, los allanamientos se dieron en Casa Presidencial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y constructoras que aparentemente fueron beneficiadas con los contratos para los trabajos por los que pagaron sobornos.
