Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR), reveló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incumple con todos los aspectos significativos de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, lo que afecta las finanzas institucionales.
De acuerdo con el informe, los saldos que no se cobran o se dejaron de pagar durante el 2020-2023 crecieron 106,6%, es decir, ¢3,6 billones a finales del 2023.
En perspectiva, esto equivale a un 7,3% del PIB y un 30% del Presupuesto Nacional de ese año.
Las conclusiones de la autoría determinaron que la CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado a partir del 2020, lo que significa que dejó de percibir ¢1,62 billones del monto facturado (¢2,89 billones).
Además, existen conceptos por los cuales la institución no recibió estos recursos sobre las facturas, entre ellos, el estudio destaca el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado” donde la CCSS no recupera los recursos facturados desde 2020.
Por otro lado, no se implementa el cobro administrativo, ya que únicamente emite facturas y certifica deudas como insumo del informe de deuda al Ministerio de Hacienda, enviado mensualmente.
Por último, la institución contralora indica que no se implementa el cobro judicial para todos los casos y tampoco se remite facturas de los montos que debe cobrar el Estado por el primer nivel de atención, ya que solo se suma al registro de la deuda acumulada.
