Diputados piden al Ministerio Público investigar casos del BCIE y del Sinart relacionados con la comunicación de Chaves
La mayoría de diputados pertenecientes a la Comisión Investigadora de las contrataciones del Sinart y del contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que indaga el manejo de la comunicación del presidente Rodrigo Chaves, pidió la intervención del Ministerio Público.
Así lo hicieron ver en el informe final de dicho grupo, divulgado este lunes en la Asamblea Legislativa.
La investigación se centró en dos escenarios ligados al manejo de la comunicación del Mandatario.
Uno de los puntos se basó en estudiar el uso de una donación de $1 millón provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de los cuales casi la mitad se le trasladó, mediante un cuestionado contrato, al consultor audiovisual Cristian Bulgarelli.
El otro aspecto que se investigó fue el rol que Chaves le dio a la pauta de entidades estatales mediante la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
CASO BCIE
En lo referente al manejo de los recursos donados por el BCIE, el informe ratifica la existencia de un llamado “Comité editorial” en Casa Presidencial y pide al Ministerio Público indagar la posible comisión del delito de “tráfico de influencias”.
En el documento señalan a la Fiscalía los nombres de quienes integraron dicho comité, con el fin de que se les investigue.
Son presidente de la República, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la diputada oficialista Pilar Cisneros y el publicista Federico Cruz, a quien apodan Choreco.
Para los legisladores, este grupo fue el que ordenó contratar por $405.800 al productor audiovisual Bulgarelli, con base en un cartel de licitación cuyos términos él mismo preparó.
CASO SINART
La canalización de recursos de pauta publicitaria por medio del Sinart también generó conclusiones del grupo legislativo.
En el informe se señala la creación de una especie de “método perverso” mediante el cual el Sinart gestionó contratos por demanda para controlar la línea editorial de los medios.
Según los diputados, esta estrategia comprometió la independencia del Sinart y lo sumió en una “crisis sin precedentes”.
En el documento de 343 páginas, también se le atribuye al presidente Chaves la responsabilidad por solicitar que se incluyera a su asesor externo Federico Cruz en el contrato de consultora qué pagó el BCIE.
Dicha afirmación la fundamentaron en audios de reuniones grabadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, los cuales también están en manos de la Fiscalía.
Los diputados Vanessa Castro (PUSC), Ariel Robles (Frente Amplio), Dinorah Barquero y Danny Vargas (PLN) respaldaron el informe; mientras que la diputada Ada Acuña (PPSD) se retiró antes de la votación y José Pablo Sibaja (PNR) dijo que presentará un informe de minoría. Johanna Obando (PLP) se ausentó.
Con la entrega de este informe se cierra una investigación de nueve meses que incluyó 32 sesiones y 48 testimonios. Ahora deberá discutirse y votarse en el Plenario Legislativo.
