Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que incluye penas administrativas a las empresas que incurran en cohecho doméstico o soborno a empleados públicos con el fin de obtener un beneficio.
El proyecto plantea una multa de mil a 10 mil salarios base (4462 millones de colones), a la empresa que otorgue alguna dádiva a un funcionario público esperando una compensación por decisión o por acción en beneficio de dicha empresa.
Además establece una clausura o suspensión de funciones a las compañías que incurran en esta práctica de 1 a 5 años.
Los encargados de ejecutar dichas sanciones serían el Ministerio de Justicia y Paz, así como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Para el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, el soborno no debe tener únicamente consecuencias para el trabajador estatal, sino también para la organización que busca el beneficio.
La iniciativa parte de una serie de proyectos de ley que son requisito para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sobre este tema, la ministra de Comercio Exterior (Comex), Dyalá Jiménez, explicó que cada país parte de la OCDE decide si sus sanciones son por la vía administrativa o penal.
La iniciativa tuvo el respaldo de 43 congresistas y el rechazo de tres parlamentarios.
El proyecto debe aún culminar su trámite legislativo con el segundo debate y la firma del presidente de la República.
